Se eleva la cifra de homicidios impunes

“Han pasado cinco años desde que mataron a mi hijo y las autoridades no han esclarecido el crimen. En este país no hay justicia”, expresó doña “Martina” (nombre ficticio), vecina de esta ciudad.

Uno de los crímenes más recientes fue el de la maestra Velkin Jackson Brooks.

Como ella, decenas de familias que viven en El Progreso y los demás municipios de Yoro sufren en silencio por la pérdida de sus seres queridos que han muerto violentamente y cuyos crímenes siguen en la impunidad.

Con una tasa de más de 50 homicidios por cada 100 mil habitantes, El Progreso es una de las ciudades más violentas del país, según un reciente informe del Conadeh (Comisionado Nacional de los Derechos Humanos).

De las 2,819 muertes violentas entre enero y mayo de 2012, los departamentos que reportaron mayor incidencia en ese renglón fueron Atlántida con 228; 803 en Cortés; 182 en Copán; 192 en Yoro; 178 en Olancho; 491 en Francisco Morazán; 125 en Santa Bárbara; 123 en Colón y 100 en el departamento de Lempira.

Solo entre 2009 y 2010 hubo más de 800 homicidios.
Entre enero y junio de 2012 ha habido 82 homicidios en esta ciudad; nueve de ellos han sido de mujeres, según el Centro de Estudios de Análisis de Seguridad Ciudadana.

De todos estos crímenes, solo una mínima cantidad han sido resueltos, aunque las autoridades no se atreven a dar cifras.

Falta de credibilidad

Uno de los principales problemas del proceso de investigación de los crímenes en esta ciudad es la falta de credibilidad de los entes operadores de justicia, desde el punto de vista de la ciudadanía.

“No podemos denunciar a los culpables aunque sepamos quiénes son porque no sabemos si estamos firmando nuestra sentencia de muerte”, mencionó uno de los familiares de doña Martina.

José Geovanny Fonseca, recién nombrado jefe de la DNIC (Dirección General de la Investigación Criminal), reconoce que hay serias deficiencias en esta institución para brindarle una respuesta satisfactoria a la ciudadanía.

Asegura que uno de sus compromisos como nuevo titular de la institución es devolver la credibilidad perdida. “Vamos a evaluar al personal. Si tenemos manzanas podridas dentro de la institución, las despediremos e incluso serán presentados ante los tribunales para que paguen por sus delitos”.

Fonseca dijo que usará varias estrategias para dar respuesta a la población, entre ellas el fortalecimiento de la sección de Delitos contra la Vida. “Vamos a tratar de asignar más personal para que estos delitos se resuelvan lo antes posible”.

El oficial le pidió a la ciudadanía que brinde información sobre los casos pendientes.

Impacto psicológico

Que la muerte violenta de un ser querido quede en la impunidad tiene un fuerte impacto psicológico en los familiares, según el psicólogo José Adán Euceda.

“Esto genera estrés y trauma que puede llevar a las familias a tomar la decisión de buscar otro lugar donde vivir porque ya no se sienten seguros ni en su propia casa”, explicó. Agregó: “Si las personas afectadas no ven la reacción de los órganos de justicia, esto afecta aún más su estado emocional”.